El Gobierno canario "luchará por las bonificaciones de los puertos de interés general de las islas"

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, explicó, en el pleno del Parlamento regional, las razones por las que el Ejecutivo de las islas decidió, el pasado mes de abril, convocar una reunión “urgente” de la Comisión bilateral con el Gobierno estatal para evitar la eliminación de las bonificaciones que se aplican en los puertos canarios, una medida incluida en el Proyecto de Modificación de la Ley 48/23003, de puertos. De aprobarse éste en su redacción actual, se suprimirían en muchos tráficos las bonificaciones de las tarifas portuarias de las que Canarias ha venido beneficiándose para compensar las circunstancias derivadas de la insularidad, hasta ahora reguladas en la citada ley.

Hernández señaló que el origen de esta medida está en la denuncia de una empresa de otro país, tras la cual la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que se mantiene que algunas de dichas bonificaciones son contrarias al derecho comunitario. “El Gobierno de España no comunicó al Gobierno de Canarias la denuncia presentada ante la CE, pero si el Dictamen Motivado de la Comisión.” Como respuesta, el Ejecutivo regional remitió un informe en el que defiende la legalidad de las citadas bonificaciones, entre otras cuestiones, por “nuestra consideración de región ultraperiférica, recogida expresamente en el artículo 299.2 del Tratado de la UE”.

Según Hernández, posteriormente el ministerio de Fomento, “simplemente informó a la CE de su decisión de cambiar la ley para eliminar las bonificaciones. La Comisión Europea, no satisfecha con la contestación, decide denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo en enero de este año. A día de hoy, el Gobierno estatal no ha hecho llegar al Gobierno canario dicha denuncia, de la que, informalmente, tenemos conocimiento.” El consejero aseguró que, en varios puntos de la denuncia, la CE expone que el Gobierno de España “no defiende suficientemente el carácter no discriminatorio de las bonificaciones”.

“Esta iniciativa legislativa no puede admitirse”, resumió Hernández, “porque con ella se perjudicarán los intereses a los ciudadanos y de las empresas canarias, que deben soportar el sobrecoste que el alejamiento y la insularidad imponen en el uso de las infraestructuras portuarias, sin que exista otra alternativa de transporte razonable, como sí ocurre en el territorio continental. El Gobierno de Canarias entiende que este mecanismo de bonificaciones es conforme con el Derecho Comunitario. Este Gobierno luchará por salvaguardar los derechos obtenidos a través de los siglos en reconocimiento de nuestras singularidades.”